Concentración Viernes 29 de agosto en el ayuntamiento de Benidorm

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Desde la plataforma de afectados por la hipoteca de altea, hemos convocado una concentración en las puertas del ayuntamiento de Benidorm, por su pasotismo ante una moción de urgencia social,para solicitar ayuda ante las emergencias habitacionales,presentada por la asociación solidaridad marina baixa en el registro del ayuntamiento el 28 de marzo, ni tan si quiera se han dignado a preguntar, y menos llevarla a pleno, un partido que se hace llamar socialista y obrero, y son dos siglas que le sobran desde que entraron a gobernar Benidorm, o seguramente de mucho antes, pero ante todos los atropellos que venimos sufriendo los ciudadanos de a pie, que no pecamos de enchufismo, que no hacen más que machacarnos con impuestos, zonas azules y ver sus subidas de sueldo, no podemos quedarnos parados, por eso este viernes 29 a las 10 de la mañana estaremos allí, para decirles que estamos hartos de que siempre acabemos pagando los mismos, y no sean capaces a ayudar, ni siquiera intentar buscar soluciones para los más necesitados. Un saludo

Aquí la moción presentada:
La “Asociación Solidaridad Marina Baja” (CIF G-54670039)
y la “Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH Altea)”
presenta la siguiente:
PROPUESTA DE MOCIÓN MUNICIPAL DE URGENCIA SOCIAL
MOCIÓN PARA LA ADOPCIÓN DE NUEVAS MEDIDAS POR EL DERECHO A LA VIVIENDA Y LA
MEJORA DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS FAMILIAS.
En nuestra ciudad, y dada la situación de crisis económica que padecemos, muchos de
nuestros
conciudadanos / as tienen serios problemas para poder acceder a una vivienda digna. Las
dificultades
económicas sobrevenidas han causado que muchas familias no puedan hacer frente a las
hipotecas o
el alquiler de sus viviendas. Esta realidad ha provocado situaciones de grave vulnerabilidad,
precariedad extrema, pobreza y exclusión social, económica y residencial.
Según los datos del Consejo General del Poder Judicial, desde 2007 hasta septiembre de 2013,
a
España, ya se han alcanzado las 500.000 ejecuciones hipotecarias, y en Valencia a las
91.000.
Según el informe presentado por el Colegio de Registradores de la Propiedad, durante el año
2012 la Banca
se quedó con más de 30.034 primeras residencias por impago de créditos hipotecarios, lo que
supone 115 desahucios de viviendas habituales por día hábil. Según la misma fuente, en el País
Valenciano durante el mismo año, han sido 7.046 adjudicaciones hipotecarias, de las que no
menos de
5.500 se las han quedado las entidades financieras. Esto quiere decir que cada día hábil 27
familias han perdido
su vivienda y de ellas alrededor de 21 la han perdido para pasar a ser de la banca y las
entidades de
crédito.
Esta situación se ve agravada por el hecho de que España es el territorio de Europa con mayor
porcentaje de viviendas vacías (el 13,7% del parque total, 3 millones y medio de pisos vacíos).

Además,
sufrimos un parque de vivienda social claramente insuficiente (menos del 2% de las viviendas
existentes).
Según los datos hechos públicos por el Banco de España el 28 de enero de 2014, durante los
primeros seis
meses de 2013 se realizaron 19.567 entregas judiciales de viviendas hipotecadas. Así, en los
primeros 6 meses de 2013 se han echado a la calle a 15.451 (casi la misma cantidad que
durante todo
en 2012), lo que demuestra que este problema sigue aumentando de manera alarmante.
Las administraciones locales son las que reciben en primera instancia el impacto social de esta
situación ya que es la más cercana a la ciudadanía. La falta de recursos de las administraciones
locales
para hacer frente a la problemática, contrasta con los miles de pisos en desuso que acumulan
las entidades
financieras y sus inmobiliarias. El resultado de todo esto?: Miles de viviendas destinadas
exclusivamente a una función especulativa, contradiciendo la función social que según el
artículo 33 de la
Constitución tiene que cumplir el derecho a la propiedad.
Ante la gran cantidad de población con necesidad de viviendas y la falta de recursos públicos
actualmente destinados para hacerle frente, resulta urgente movilizar las viviendas vacías en
manos de las
entidades financieras.
Por otra parte, y para endurecer aún más las dificultades por las que atraviesan la mayoría de
nuestros
conciudadanos, la factura de la electricidad ha aumentado en 88% desde 2006 y se ha situado
en la tercera
más cara de toda Europa (sólo superada por Chipre e Irlanda), lo que ha provocado cortes de
luz por
impago en 1.400.000 hogares en el año 2012.
Nosotros entendemos que el agua y la luz son servicios públicos imprescindibles para la vida
corriente y
para la habitabilidad de los hogares, y que se han de garantizar unos mínimos para las
personas que no pueden
pagarlos.

Por todo esto expuesto, proponemos al Pleno del Ayuntamiento la aprobación y ejecución de
la siguiente Moción:
1. – Condonar o subvencionar el impuesto sobre el incremento del “valor de los terrenos de
naturaleza
urbana “en el supuesto de transmisión de vivienda habitual por ejecución hipotecaria y por
dación en
pago.
2. – Que el Ayuntamiento habilite más ayudas sociales para compensar el pago de agua, luz y
gas a las familias que acrediten necesidad extrema. Que asegure, en todo caso, el suministro
básico de agua y actúe como intermediario con las compañías suministradoras de luz y gas
para
de asegurar estos servicios básicos a pesar de los impagos, siempre que esto sea debido a
causas de
dificultad económica de las familias.
3. – Instar al Gobierno del Estado para que en la aplicación del Impuesto de Bienes Inmuebles,
se estudian
tipo de bonificaciones para las viviendas que se destinan a alquiler y se incremente la presión
fiscal a
las entidades bancarias que disponen de muchas viviendas vacías que no destinan a alquiler
social.
4. – Creación de un Registro Municipal de Viviendas Huecos, incluyendo los de patrimonio
público, los
de entidades bancarias y de sus empresas vinculadas, para estudiar en cada caso iniciativas
que
estimulan la puesta en uso de las mismas.
5. – Creación de un Registro de Demandantes de Viviendas Sociales, con el objetivo de tener un

control
exhaustivo de las familias con necesidades de viviendas y activar las ayudas necesarias para
evitar
situaciones de exclusión social.
6. – Elaborar y aprobar un Plan Municipal de Vivienda, que contemple toda esta problemática y
regule medidas para fomentar una vivienda digna para todas las familias. Este Plan debe
contemplar también un cuerpo de inspección que detecte, compruebe y registre los inmuebles
que se encuentran
en permanente desempleo-en especial los que son de entidades financieras y las empresas
inmobiliarias o no, vinculadas con entidades de crédito.
7. – Instar al Gobierno de la Generalitat a modificar el marco normativo para regular los
aspectos antes mencionados que son de su competencia, y entre ellos, un procedimiento de
sanción
sobre las viviendas desocupadas con el objetivo de que el hogar acompleixca con la finalidad
social que
garantiza la CE. Este marco debe contemplar una auténtica descentralización de la gestión de
la vivienda hacia la gestión municipal de la misma. También debe garantizar que las viviendas
que
forman parte del patrimonio de la GV sean destinadas preferentemente a vivienda social, no
permitiendo la alienación con fines especulativos de las mismas. (Modificación de la Ley
14/2003 de 3 de
noviembre, de Patrimonio de la GV).
8. – Trasladar al Gobierno de la Generalitat la necesidad de aumentar el Parque Público de
Viviendas,
garantizando una partida presupuestaria necesaria para mantener en buen estado de uso de
las viviendas
de este Parque Público, y ampliarlo hasta cumplir con la demanda existente de vivienda social,
incluso
transformando viviendas libres no vendidas en viviendas protegidas.
9. – Que el Ayuntamiento declare este municipio “Zona libre de Desahucios”, aún sabiendo que
no
tiene respercusió jurídica más allá de la propia voluntad que exprese.

Por ello se propone instar al Gobierno del Estado a que modifique la legislación pertinente
para detener
los desahucios y promover el alquiler social. En concreto, a modificar la Ley Hipotecaria con las
pautas marcadas en la Iniciativa Legislativa Popular de regulación de la dación en pago y el
documento de denuncia de la PAH en torno a los posibles aspectos de inconstitucionalidad de
la
restrictiva Ley 1/2013, y en cualquier caso, ampliar en esta el concepto de vulnerabilidad a
toda
familia, deudora de buena fe, y que pueda perder su único hogar habitual para las ejecuciones
hipotecarias.
10. – Comunicar el acuerdo de esta moción a las entidades locales, a las Cortes Valencianas, a
los diferentes
grupos parlamentarios, a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca ya las asociaciones
vecinales del
municipio.

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